El Gobierno hizo circular el borrador de la nueva Ley Ómnibus que incluye una serie de reformas en materia laboral, entre las que se encuentran cuestiones vinculadas al blanqueo de contrataciones irregulares y condonaciones de deuda para los empleadores sancionados por incumplimientos. Luego de que la CGT presentara un amparo, el Poder Judicial vetó la reforma laboral en el DNU 70/23 que impulsaba el Ejecutivo. No obstante, el avance por ley de estos cambios, cuenta con el aval de distintos sectores de la oposición dialoguista en el Congreso, entre ellos buena parte del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal. El capítulo IV del proyecto trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento. También determina que a aquellos trabajadores que realicen una huelga se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública nacional si no consiguen otro puesto. Mientras que el título V del texto está destinado a la "promoción del empleo registrado" en el sector privado, que habilita a los empresarios a regularizar relaciones laborales iniciadas antes de la vigencia de la futura ley por un plazo de 90 días. Estos empleadores estarán exentos de acciones penales y de deudas por infracciones, multas y sanciones, y además serán dados de baja del Registro de Sanciones Laborales. También se condonarán las deudas por falta de aportes en como mínimo un 70%. Fuente: CORTA
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