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Foto del escritorAlejo Saggin

Se patea la creación del Consejo de Mayo: el desinterés de los gobernadores

El Consejo de Mayo, que se iba a conformar con la participación de representantes empresariales, gobernadores y miembros del Ejecutivo, no podrá formarse en el plazo inicialmente previsto debido a que aún no se han designado todos los representantes. Según fuentes oficiales, se extenderá el plazo para que los sectores involucrados elijan a sus representantes.


El Gobierno había establecido el 17 de julio un plazo de 30 días para la conformación del Consejo y había asignado al ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, como el representante del Ejecutivo. Sin embargo, desde la Casa Rosada se restó importancia a la situación, afirmando que el Consejo finalmente se creará, aunque no se ha especificado una nueva fecha para ello. Actualmente, el único sector con un representante confirmado es el Ejecutivo, y desde el equipo de Sturzenegger se aclaró que no están encargados de monitorear la selección de los demás representantes ni conocen el estado de los nombramientos restantes.


Al menos cinco provincias han indicado que no consideran prioritario nombrar a un representante para el Consejo. Desde el entorno de un gobernador del centro del país se comentó: "Con los problemas que enfrentamos, no podemos preocuparnos por esto", mientras que otros se mostraron más directos: "No es de nuestro interés". También se señaló que coordinarse entre las 17 provincias para seleccionar un representante es "prácticamente imposible".


El presidente Javier Milei había anunciado el Pacto de Mayo en Tucumán junto a 17 gobernadores en julio, y una semana después creó el Consejo con el objetivo de promover la implementación de los lineamientos del Pacto. El Consejo estaba previsto que fuera presidido por el jefe de Gabinete y contaría con seis consejeros: uno designado por el Poder Ejecutivo Nacional, otro por las provincias firmantes del Pacto de Mayo, dos en representación del Congreso (uno por la Cámara de Diputados y otro por el Senado), uno nombrado por los sindicatos y otro por las empresas.

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