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El Gobierno oficializó la disolución de la AFIP

Foto del escritor: Alejo SagginAlejo Saggin

El Gobierno anunció este viernes la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mediante el Decreto 953/2024, que fue publicado en el Boletín Oficial.


El decreto detalla que esta decisión busca optimizar la gestión de los ingresos públicos, incrementar la eficiencia en la recaudación fiscal y el control aduanero, así como responder de manera más efectiva a las necesidades del sistema tributario y de la seguridad social. La nueva entidad creada, denominada ARCA, asumirá todas las responsabilidades y funciones previamente asignadas a la AFIP hasta la fecha de la publicación de las nuevas normas.


Desde el momento de su implementación, se traspasarán todos los recursos, personal, bienes y obligaciones de la AFIP a la ARCA, que se encargará de las competencias según la legislación vigente.


El decreto justifica esta reforma como una necesidad de hacer más eficiente y efectiva la administración tributaria y aduanera, además de buscar una mayor transparencia y rendición de cuentas. Se argumenta que la estructura de la AFIP había devenido en una complejidad que dificultaba una respuesta ágil a las demandas actuales.


La ARCA, que operará bajo la dirección de Luis Caputo, se caracterizará por tener una estructura más simplificada, reduciendo aproximadamente un 45% de las autoridades superiores y un 31% de los niveles inferiores en comparación con la AFIP.


Además, el decreto establece el nombramiento de las nuevas autoridades de la ARCA. Florencia Misrahi seguirá en el cargo de liderazgo, con un mandato de cuatro años renovable, siempre que se cumpla con el plan de gestión establecido. También se han designado a Andrés Edgardo Vázquez como director de la Dirección General Impositiva (DGI) y a José Andrés Velis como encargado de la Aduana.


Finalmente, se establece un plazo de 60 días hábiles para que el titular de la ARCA presente una propuesta de normativa y estructura organizacional. La reforma se apoya en la declaración de emergencia pública en las áreas administrativa, económica, financiera y energética, lo que permite la implementación de medidas excepcionales para facilitar el cambio.



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