La Justicia de Estados Unidos estableció como fecha límite este martes la presentación de las partes involucradas en el caso que podría anular la condena que obliga a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a un grupo de fondos buitre por la nacionalización de la empresa YPF.
La fundación Republican Action for Argentina presentó una solicitud ante la Justicia estadounidense para que se investigue a los responsables de la estatización de YPF, en el marco de la condena impuesta a las firmas Burford y Eton Park.
Fernando Irazu, abogado y representante de la fundación, expresó en una entrevista con EFE que la jueza Preska emitió una orden para que las partes involucradas respondieran antes del martes 25 de febrero. Irazu destacó la importancia de que las partes, incluida la Argentina y YPF, respalden los argumentos presentados para defender los derechos de los argentinos.
La situación podría dar un giro positivo para el país en relación con la sentencia que obliga al Estado a pagar una gran suma de dinero a la firma Burford, debido al modo en que YPF fue estatizada en 2008.
El lunes pasado, la organización civil Republican Action for Argentina (RAFA), que ha sido parte de varios procesos judiciales internacionales relacionados con intereses argentinos, presentó su reclamo. Esta semana es crucial, ya que el martes vence el plazo para que las partes se pronuncien y, posteriormente, la jueza tomará una decisión. La situación ha sido seguida de cerca por legisladores de la Coalición Cívica, quienes exigieron al Gobierno acelerar su respuesta.
El diputado Maximiliano Ferraro destacó en su cuenta de X: "Gracias a la presentación de Republican Action for Argentina y a la denuncia de Elisa Carrió, que el juez Ariel Lijo ha dejado archivada durante años sobre el vaciamiento de YPF, la jueza Loretta Preska podría revocar su fallo contra Argentina por 16.000 millones de dólares."
Ferraro instó al Gobierno a actuar con responsabilidad antes del 25 de febrero para proteger el patrimonio nacional ante la corrupción y la negligencia.
Por su parte, la diputada Marcela Campagnoli, también de la Coalición Cívica ARI, expresó en la misma red social: "Esperemos que el gobierno de @JMilei y @YPFoficial respondan antes del 25 de febrero, fecha límite establecida por la jueza. Si lo hacen, tengo esperanzas fundadas de que se revoque la sentencia contra Argentina, lo que podría suponer un ahorro cercano a los 17.000 millones de dólares."
Campagnoli recordó que la denuncia que originó esta acción se basa en una acusación de Elisa Carrió de 2006 sobre el vaciamiento de YPF, así como en un informe de la UIF de 2018 a cargo de Mariano Federici, que pone en evidencia la inacción del juez Lijo.
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