En el contexto del juicio por la expropiación de YPF, el Gobierno argentino presentó recientemente una respuesta ante la jueza Loretta Preska en Nueva York, solicitando que se revoque la sentencia que obliga al país a pagar una indemnización de 16.100 millones de dólares más intereses. Este miércoles, la administración de Javier Milei nombró al subprocurador Juan Ignacio Stampalija como encargado de llevar adelante la estrategia del país frente a la justicia estadounidense, tras excusar al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla.
En el escrito presentado, el Gobierno reiteró su disposición para que se esclarezcan los hechos vinculados a la compra de acciones de YPF por parte de la familia Eskenazi, y manifestó su voluntad de colaborar con las autoridades de Estados Unidos en cualquier investigación relacionada, sin renunciar a su postura de que los tribunales de ese país no son el foro adecuado para resolver las demandas en este caso.
Hace algunos días, la fundación Republican Action for Argentina (RAFA) presentó una solicitud ante la justicia estadounidense para que se investigue a los responsables de la nacionalización de YPF. Según Fernando Irazu, abogado de la fundación, la jueza Preska emitió una orden para que las partes involucradas respondan antes del 25 de febrero, una fecha límite crucial para la resolución del caso.
La defensa argentina en este proceso fue asumida por Juan Ignacio Stampalija, quien reemplazó a Andrés De La Cruz como subprocurador del Tesoro. Además, la decisión de excusar a Santiago Castro Videla fue publicada en el Boletín Oficial, dado que en su pasado laboral, Castro Videla integró el estudio de abogados de Alberto Bianchi, quien fue parte de los demandantes en este juicio.
En cuanto a los beneficiarios del fallo, los fondos Burford y Eton Park, estos presentaron sus argumentos y afirmaron que la ONG RAFA no tiene un interés legítimo en el caso. Según su declaración, RAFA busca actuar en defensa del interés público, similar a lo que podría hacer un "fiscal privado" bajo el derecho argentino.
El futuro de la sentencia que ordena el pago de una millonaria indemnización por la estatización de YPF podría dar un giro favorable para el país, gracias a la intervención de la ONG RAFA y las denuncias relacionadas con el vaciamiento de la empresa. Esta semana se presentarán las últimas respuestas de las partes involucradas, y la jueza Preska definirá su decisión.
Legisladores de la Coalición Cívica, como Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli, han solicitado celeridad en la presentación del Gobierno y expresado su esperanza de que la jueza revoque el fallo, lo que podría implicar un ahorro de casi 17.000 millones de dólares para el país.
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