El Gobierno ha realizado modificaciones mediante un decreto en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con un enfoque particular en aquellas empresas que desean ampliar proyectos ya existentes, pero que no se habían adherido previamente al esquema destinado a atraer inversiones al país.
Este régimen tiene como objetivo principal promover grandes inversiones en Argentina, ofreciendo incentivos económicos, estabilidad jurídica y un sistema eficiente para proteger los derechos adquiridos de los proyectos que cumplan con los requisitos establecidos.
En este contexto, el decreto 1028/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, introduce cambios en el artículo 60 del reglamento. El mismo ha sido reemplazado para especificar las condiciones bajo las cuales una ampliación de un proyecto previo puede acceder a los beneficios del RIGI. Las modificaciones incluyen los siguientes aspectos:
El proyecto de ampliación debe cumplir con todos los requisitos establecidos por el régimen. La inversión debe igualar o superar el monto mínimo requerido según el sector correspondiente. Los incentivos solo se aplicarán a la ampliación del proyecto y no al proyecto original. El titular del proyecto original deberá crear una sucursal exclusiva para gestionar la ampliación. Esta sucursal tendrá como único objetivo la ejecución de la ampliación, lo que permite diferenciar los incentivos destinados a la expansión. Aunque se puedan compartir infraestructuras y activos entre el proyecto original y la ampliación, esto no influirá en la elegibilidad para los incentivos. Solo se considerará la producción que supere la capacidad instalada del proyecto original. El solicitante deberá aceptar los mecanismos establecidos en la Ley N° 27.742 para la resolución de disputas, incluyendo el Panel RIGI. Existe la posibilidad de proponer mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Según lo establecido en el texto oficial, el propósito de estas modificaciones es "promover nuevas inversiones a través de un marco claro y transparente", buscando evitar conflictos entre los proyectos originales y sus ampliaciones. Esto asegura que los incentivos se destinen exclusivamente a desarrollos que incrementen la capacidad productiva y cumplan con los lineamientos del RIGI.
Además, el decreto busca fortalecer la confianza de los inversores, estableciendo reglas claras y mecanismos de resolución de disputas que garanticen la seguridad jurídica de las inversiones realizadas bajo este régimen. Las modificaciones entran en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
Commenti