La Agencia de Transformación de Empresas Públicas continúa su proceso de incorporación de empresas estatales que serán transferidas al sector privado a través de diversas modalidades. Actualmente, bajo la dirección de Diego Chaher, se están evaluando 62 empresas con participación mayoritaria del Estado, 59 con participación minoritaria y 8 que se encuentran en proceso de liquidación, según un informe reciente.
En total, se consideran 129 empresas de distintos sectores de las que el gobierno planea desprenderse utilizando diferentes estrategias. Desde el entorno presidencial se indica que esta cifra podría aumentar.
Entre las empresas más significativas en evaluación se encuentran Aerolíneas Argentinas, Intercargo, la Administración General de Puertos, Concesiones Viales, varias empresas ferroviarias, ARSAT, ENARSA, IMPSA, la Casa de Moneda, y diversos bancos, así como Fabricaciones Militares y Aguas y Saneamiento (AySA).
El enfoque del gobierno va más allá de una simple privatización; busca analizar la situación específica de cada empresa para identificar los segmentos con mayor valor y determinar las mejores maneras de facilitar su transición al sector privado. Además, se considera la posibilidad de utilizar estos activos para saldar deudas que la Nación mantiene con las provincias.
Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior, destacó que el objetivo es "ordenar las cuentas de la Nación y de las provincias" y netear las deudas, dado que el gobierno no cuenta con fondos disponibles para hacerlo de otra manera. Esta situación abre la puerta a propuestas diversas durante las negociaciones.
Las opciones sobre la mesa incluyen la transferencia de empresas nacionales a provincias, la venta de acciones, la concesión de unidades, el cierre de operaciones, y la búsqueda de socios estratégicos, entre otros mecanismos.
El gobierno de Javier Milei tiene la firme intención de que la mayoría de estas empresas pasen a manos privadas, incluso como parte del proceso de compensación de deudas. Sin embargo, se aclara que no se busca que estas empresas sean transferidas a las provincias, sino que se busque su colaboración en el proceso de privatización.
Desde el entorno del presidente, se argumenta que estas privatizaciones también cerrarán una “fuente de ingresos de la corrupción política”. Milei considera que es esencial privatizar empresas estatales, argumentando que, incluso si son rentables, su permanencia en el sector público podría volver a generar déficit a causa de la corrupción.
A medida que avanza este proceso, se han comenzado a recibir ofertas para la privatización de empresas como IMPSA, con resultados esperados en un par de semanas. También se ha anunciado el cierre de la Constructora de Vivienda para la Armada (COVIARA) y se busca ampliar la participación privada en empresas como AySA y ARSAT.
La estrategia de YPF, enfocada en la rentabilidad, ha sido expuesta recientemente por su director, Horacio Marín, quien mencionó la posibilidad de vender algunas subsidiarias y potenciar desarrollos tecnológicos, así como su participación en el mercado de combustibles.
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