Luego de la masiva movilización federal universitaria, el Gobierno decidió vetar la ley de Financiamiento Universitario, argumentando que esta medida busca "socavar políticamente al gobierno" y afectar el equilibrio fiscal mediante la creación de partidas presupuestarias no contempladas. En un comunicado emitido previamente, el Ejecutivo acusó a líderes opositores presentes en la protesta de formar un "nuevo frente de izquierda populista".
A través del decreto 879/2024, el presidente Javier Milei formalizó su rechazo a la ley aprobada por el Congreso, que tenía como objetivo aumentar el presupuesto destinado al sector universitario y mejorar los salarios de docentes y no docentes. Esta iniciativa contaba con el respaldo de una parte significativa de la sociedad civil.
El Boletín Oficial resalta que "el proyecto de ley no busca defender ni garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que intenta perjudicar al gobierno en el ámbito político". Además, el texto subraya que la normativa es "manifiestamente violatoria" del marco legal existente, al no considerar el impacto fiscal ni identificar fuentes de financiamiento.
El Gobierno argumenta que es fundamental "limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional", instando a que este actúe con responsabilidad y sensatez, evitando decisiones que puedan perjudicar las finanzas públicas o contradecir el presupuesto nacional.
Se añade que "la administración de los recursos públicos debe ser responsable y alinearse con los principios de buena gestión que guían toda acción gubernamental, buscando el bien común".
Según el Gobierno, el aumento salarial para el personal universitario fue del 87% entre diciembre y agosto, mientras que el incremento para el resto de la Administración Pública Nacional fue del 78%. En comparación, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mismo período alcanzó un 144%, lo que indica que los salarios están por debajo de la inflación.
Sin embargo, el Ejecutivo también menciona que otorgar incrementos salariales a los trabajadores de las Universidades Nacionales "crearía un privilegio" en comparación con el resto del personal público, sugiriendo que las subidas salariales deberían acordarse mediante negociación colectiva.
El Gobierno recalca que la ley en cuestión "no defiende ni garantiza el financiamiento de las Universidades", sino que busca "perjudicar al gobierno políticamente". Finalmente, se insiste en que cualquier discusión sobre financiamiento debe realizarse durante la elaboración del presupuesto nacional correspondiente.
En un comunicado divulgado más temprano, la Oficina del Presidente expuso las razones detrás del veto, descalificando la propuesta y señalando a ciertos líderes opositores como instigadores de un ataque al Gobierno. "Celebramos el sinceramiento de dirigentes como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse para obstaculizar el plan económico del Presidente", afirmaron.
El comunicado también sostiene que la participación de estos dirigentes en la marcha universitaria demuestra la consolidación de un nuevo frente de izquierda que defiende los privilegios de la clase política.
A pesar del veto, el Gobierno reafirma su compromiso con las Universidades Nacionales y la defensa de los esfuerzos realizados por los argentinos para lograr un déficit cero, reducir la inflación y recuperar la prosperidad económica.
Finalmente, el comunicado promete que "esta administración no cederá ante espectáculos mediáticos, propuestas legislativas irresponsables ni la manipulación de causas nobles con fines partidarios".
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que aglutina a las 61 universidades públicas del país y convocó la marcha, emitió un comunicado tras la movilización. Este señala que, a pesar de haber pasado cinco meses desde la primera protesta y de las sucesivas reuniones con el Gobierno, la situación actual "es más crítica que a comienzos de año".
El CIN sostiene que la movilización inicial buscaba evitar la grave situación que enfrentan las universidades. Sin embargo, apunta que la reconducción del presupuesto 2023 para el 2024 dejó las partidas de gastos operativos completamente desactualizadas, profundizando así la pérdida del poder adquisitivo.
Además, el organismo criticó la campaña "injusta y planificada" que busca desprestigiar el ámbito científico y universitario para justificar la desjerarquización y el ahogo presupuestario. Recientemente, desde el Ministerio de Capital Humano se acusó a las universidades de "inventar alumnos" para ampliar los cargos docentes.
El CIN advirtió que la situación es alarmante, con muchos docentes y no docentes recibiendo salarios por debajo de la línea de pobreza, lo que pone en riesgo la continuidad de los equipos académicos y administrativos esenciales para el funcionamiento de las instituciones.
Finalmente, el CIN enfatiza que defender los salarios de los trabajadores universitarios en este contexto no es un acto de privilegio, sino una lucha por los derechos y condiciones mínimas de vida digna para quienes son responsables de formar a futuras generaciones de profesionales.
El Consejo hizo un llamado al Presidente, instándole a no vetar la ley: "Usted tiene en sus manos una ley razonable que podría resolver problemas, cuidando al Estado y su economía. ¡Los estudiantes de toda Argentina le piden que promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!", concluyeron.
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