Loreta Preska, la jueza a cargo del juicio contra el Estado Argentino por la expropiación de YPF, reveló que el estudio que lleva adelante la demanda, Burford Capital, solicitó quedarse con las acciones que tiene el país sobre la petrolera.
Para poner en contexto: durante el año 2012, el Estado Nacional expropió 51% de las acciones de YPF que, en aquel entonces, se encontraban en posesión de Repsol. Desde ese momento, el accionista minoritario de la petrolera, Grupo Petersen, vendió su capacidad de litigio a Burford Capitals que fue quien inició una demanda por incumplimiento de los estatutos de la compañía.
De esta manera, Burford, en representación del Grupo Petersen, llevó a cabo la demanda, ya que cuando el Estado expropió la compañía, no realizó una Oferta Pública de Adquisición al resto de los accionistas, como establece el estatuto de YPF cuando se pretende comprar más del 15% de las acciones.
Preska ya había fallado a favor de Burford Capital en septiembre de 2023, imponiéndole al Estado Argentino un resarcimiento por USD 16.000 millones. Posteriormente, la jueza habilitó a nuestro país a presentar activos como garantía, al tiempo que se produce la apelación.
En el pedido, Burford remarca que "la ley de Nueva York otorga al Tribunal la autoridad para ordenar a Argentina que transfiera sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los Demandantes a través de una cuenta de custodia global en Nueva York". Por su parte, el consultor Sebastián Maril señaló en noviembre de 2023 la misma jueza "indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros". De esta manera, está abierta la puerta para que la compañía sea embargada. Fuente: CORTA
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