La jueza Loretta Preska aprobó el embargo de 210 millones de dólares relacionados con el colateral de los Bonos Brady. También dictó la congelación de otros 100 millones de dólares hasta que se resuelva una disputa entre Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores de deuda en default, sobre esos fondos.
Esta decisión se suma a la ejecución reciente de una garantía por 325 millones de dólares vinculada al Cupón PBI en Londres, lo que aumenta la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales. Los acreedores, que han mantenido una postura de holdouts desde el default de 2001, han logrado obtener fallos que les permiten embargar activos del país debido a la falta de pagos en las reestructuraciones de deuda. En este caso, Attestor Master tiene derecho sobre 460 millones de dólares, y Bainbridge Fund sobre 100 millones. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó en enero la apelación presentada por Argentina, lo que permitió que la orden de embargo de Preska se mantuviera.
El conflicto está relacionado con los activos de Argentina vinculados a los bonos Brady, que fueron entregados como garantía para la reestructuración de la deuda en los años 90. Aunque Argentina completó el pago de sus obligaciones en 2023, lo que liberó ciertos activos, la disputa actual ha generado nuevos embargos, sumando más dificultades para el país. A pesar de que algunos fondos intentaron ampliar el embargo, la jueza Preska solo aprobó la congelación de 100 millones de dólares.
Los fondos implicados en este caso, como Attestor Master, Trinity Investments y Bison Bee LLC, son tenedores de deuda argentina que no participaron en los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016, y ahora buscan recuperar su inversión a través del embargo de activos del gobierno argentino.
Este embargo refleja la persistente lucha de los holdouts para cobrar la deuda impaga desde el default de 2001. La decisión de la jueza Preska, sumada al rechazo de la apelación por parte de la Corte Suprema de EE. UU., incrementa la presión sobre el país en un contexto económico complicado. A pesar de los intentos de liberar los activos de los bonos Brady, los acreedores continúan avanzando con sus reclamos, lo que subraya que las secuelas del default siguen afectando a Argentina más de dos décadas después. Este escenario presenta nuevos desafíos legales y económicos para el país.
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