El Gobierno flexibiliza restricciones cambiarias por el blanqueo

En el contexto del plan de “Regularización de Activos” lanzado por el Gobierno, el Banco Central (BCRA) ha decidido eliminar una normativa que permitía a las entidades financieras rechazar transferencias en moneda extranjera basadas únicamente en sospechas de posibles infracciones a las regulaciones cambiarias. Además, el BCRA ha autorizado que los fondos de las cuentas del blanqueo puedan ser destinados a desarrolladores inmobiliarios.

La Comunicación “A” 8088 del BCRA, bajo la dirección de Santiago Bausilli, establece nuevas regulaciones para las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA), que forman parte del esquema de blanqueo de capitales implementado por el Gobierno. Este plan tiene como objetivo aumentar la entrada de divisas y mejorar las finanzas públicas, que, aunque muestran signos de recuperación, enfrentan serios desafíos. La derogación busca simplificar y facilitar las transacciones relacionadas con estas cuentas.

Sin embargo, el panorama económico es complejo, con el riesgo país en 1.550 puntos básicos y un BCRA que ha permitido la compra de dólares, mientras las reservas se han reducido significativamente en el tercer trimestre, superando la cantidad acordada con el FMI. Esto ha llevado al incumplimiento de las metas establecidas.

Una de las regulaciones eliminadas permitía a los bancos rechazar transferencias en moneda extranjera si existía la mera sospecha de que pudieran estar asociadas con el incumplimiento de las normas cambiarias para formar activos en el exterior. En tales casos, los bancos solo tenían la obligación de informar al cliente sobre el motivo del rechazo.

La nueva Comunicación "A" 8090 regula la disposición del Ministerio de Economía que incluye proyectos inmobiliarios entre los usos permitidos para el dinero blanqueado. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevará un registro de los desarrolladores que hayan completado hasta el 50% de sus obras, y las transacciones con estos serán trazables.

Además, el BCRA ha eliminado ciertas disposiciones relacionadas con el principio de "conozca a su cliente", que obligaba a los bancos a identificar y monitorear las transacciones de los depositantes para detectar posibles actividades de lavado de dinero. Esto incluía restricciones sobre las cuentas de destino, que debían tener una antigüedad mínima de 180 días o haber registrado movimientos en ese período.

Entre las nuevas medidas, se permite realizar múltiples depósitos en las CERA, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Las entidades financieras deben mantener registros detallados de los depósitos y los fondos depositados no podrán ser retirados antes del 30 de septiembre de 2024, conforme al Decreto 608/24 y las directrices de la AFIP.

Para montos inferiores a $100.000, se requiere una declaración jurada indicando el uso específico del dinero antes de una fecha límite. Los fondos podrán ser transferidos a cuentas de comitentes para inversiones permitidas, cumpliendo ciertos requisitos y notificando a la AFIP.

Las transferencias pueden estar sujetas a retenciones impositivas según lo determine la AFIP, y se permite vender la moneda extranjera depositada para pagar impuestos. Además, las entidades financieras deberán informar todos los movimientos a la AFIP, y los retiros deben realizarse mediante transferencias bancarias, sin admitir débitos en efectivo.

Este enfoque del blanqueo está especialmente dirigido a quienes buscan regularizar montos menores a $100.000, principalmente en efectivo. Esta medida llega en un momento crítico, ya que Argentina enfrenta el riesgo de ser incluida nuevamente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a posibles fallas en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Argentina ya figuró en esa lista, que incluye países como Venezuela, Croacia y Bulgaria, debido a la falta de cooperación en la lucha contra el lavado de dinero relacionado con actividades ilícitas.

El BCRA ha establecido un marco regulatorio específico para las CERAS, con el objetivo de asegurar el uso adecuado de los fondos depositados y garantizar que todos los movimientos sean reportados a las autoridades correspondientes, aunque esto pueda aumentar la vigilancia del GAFI.