El gobierno crea un registro de obras sociales para monotributistas

Mediante el Decreto 955/2024, el Gobierno ha creado un nuevo registro de obras sociales destinado a ofrecer cobertura de salud a los monotributistas, que estará bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Este registro será obligatorio para todas las entidades que deseen afiliar a pequeños contribuyentes.

La administración justificó esta iniciativa como "esencial" para aumentar la transparencia y optimizar el acceso a la atención médica de los pequeños contribuyentes. Estos podrán elegir su proveedor de salud, siempre que esté registrado, y deberán permanecer con la misma entidad durante al menos un año antes de poder solicitar un cambio, el cual se hará efectivo al mes siguiente.

Además, el decreto introduce un acceso gradual a la cobertura a través del Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE). Esto permitirá a los contribuyentes y sus familias obtener mayores niveles de cobertura tras seis meses de afiliación, incluyendo servicios financiados por el Sistema Único de Reintegro por Gestión de Enfermedades (SURGE), garantizando así una atención médica más completa.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) también ha anunciado que se establecerán límites a los descuentos que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga pueden aplicar sobre los ingresos de los beneficiarios.

La nueva normativa fue comunicada a través de la Resolución 970/2024, publicada en el Boletín Oficial, marcando un cambio significativo en la gestión de la salud para quienes reciben diversas prestaciones.

A partir del 1 de diciembre, todas las entidades que ofrezcan planes de salud financiados por el sistema de seguridad social deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS).

Con esta medida, se pretende implementar un nuevo sistema de autorización que facilite la gestión y permita a los beneficiarios consentir, de manera virtual o presencial, cualquier descuento adicional. Además, las entidades interesadas en participar deberán demostrar que cuentan con seguros de responsabilidad civil y de caución.

Finalmente, se establecerán topes para los descuentos aplicados por las obras sociales, con ANSES definiendo un doble límite basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y un porcentaje fijo del salario mínimo, buscando asegurar que los aumentos sean justos.