Eliminación de aportes obligatorios: La medida desató una interna entre las cámaras empresariales

La reciente eliminación de los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras sectoriales ha provocado un intenso intercambio de opiniones entre diversas organizaciones. Esta decisión, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, fue aplaudida por la Confederación Federal Pyme y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, entre otras. Sin embargo, varios grupos de instituciones se han manifestado en contra, advirtiendo que esta medida podría perjudicar la representación patronal. El conflicto incluyó denuncias mutuas y solicitudes de intervención.

Con el Decreto 149/2025, el Gobierno dejó sin efecto la obligatoriedad de los aportes económicos de las empresas a determinadas cámaras, transformándolos en contribuciones voluntarias. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, explicó que con esta medida se eliminaba lo que calificó como un "impuesto privado".

La iniciativa provocó reacciones inmediatas, entre ellas la de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que celebró la decisión al considerarla un "alivio de 70.000 millones de pesos anuales para el sector comercial". CADAM subrayó que el aporte obligatorio, que estaba en vigor desde 2008, representaba un gasto adicional para los comerciantes, pues debían abonar una contribución mensual por capacitación, aunque los servicios no fueran brindados.

Sin embargo, más tarde, otro grupo de entidades manifestó su rechazo, argumentando en conversaciones privadas que la medida debilitaría la representación gremial frente a los sindicatos. Estas organizaciones señalaron que muchas cámaras dependen de esos ingresos para su sostenimiento, y criticaron la orientación política detrás de la decisión, cuestionando también la postura de CADAM.

Tras la conversión en voluntario del aporte destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la Confederación Federal Pyme Argentina pidió la intervención de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el manejo de esos fondos. Mauro González, presidente de la entidad, indicó que ya existen denuncias formales ante el Gobierno y solicitó una investigación sobre la representación real de las cámaras que reciben los recursos destinados a la capacitación. Además, acusó de falta de transparencia y rendición de cuentas y aseguró tener pruebas del perjuicio causado a las cámaras socias y a los comerciantes en todo el país.

Estas acusaciones se difundieron rápidamente entre los grupos de empresarios y representantes de organizaciones durante la mañana. Al cierre de la jornada, CAME aún no había emitido un comunicado oficial en respuesta a las críticas o a la medida.

Las entidades más afectadas por la decisión confían en poder revertirla. Argumentan que el aporte obligatorio estaba contemplado en los convenios colectivos de trabajo y forma parte de un acuerdo entre las partes privadas, por lo que consideran que el Gobierno no debería intervenir.

El vicepresidente de una organización que agrupa a miles de asociados expresó a Ámbito que están organizando una reunión con funcionarios de la Casa Rosada y aseguró que "el debate recién comienza". Por otro lado, un dirigente consultado por este medio no descartó que se lleve el caso a los tribunales.

Mientras tanto, otros grupos de cámaras están analizando los detalles de la nueva normativa y sus posibles implicancias. En cualquier caso, esta medida abre nuevamente un debate interno de larga data en el sector sobre la falta de representatividad de ciertas gremiales empresarias.