El presidente Javier Milei anunció su decisión de vetar la reforma jubilatoria que fue aprobada por el Senado. Milei acusó a la oposición de promover esta "medida demagógica" con el objetivo de generar una crisis fiscal y desmantelar el programa económico del Gobierno. A continuación, se detalla la situación actual de las prestaciones previsionales, el impacto de la reforma vetada y el costo fiscal asociado a ella.
En agosto, la jubilación mínima se establece en $225.454,42, mientras que la máxima alcanza los $1.517.094,80. Las jubilaciones mínimas reciben un bono adicional de $70.000, elevando el total a $295.454,42. Sin embargo, debido a que el bono permanece fijo desde marzo, esto representa una disminución real del 7,17% en comparación con el haber mínimo de diciembre de 2023.
La reforma vetada incluía una cláusula que garantizaba que ninguna pensión fuera inferior al valor de la canasta básica total de pobreza para un adulto multiplicado por 1,09. Según datos del Indec, el valor de esta canasta en julio era de $291.472, por lo que, de haberse aplicado la reforma, el piso jubilatorio de septiembre habría aumentado a $317.704,48, lo que representa un incremento del 35% en comparación con los $234.540 que recibirán los jubilados mínimos sin contar el bono.
Un informe reciente del Mirador de la Actualidad, del Trabajo y la Economía (MATE), indica que en junio de 2024, la jubilación mínima solo representará el 53% del poder adquisitivo que tenía en el mismo mes de 2015. Con el bono de $70.000, esta relación mejora al 71%.
Además, el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda estima que, entre noviembre de 2023 y junio de 2024, la jubilación mínima con bono creció un 122,5%, aunque este incremento quedó 3,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación del período (125,6%) y 25,9 puntos porcentuales por debajo del aumento promedio en medicamentos, que fue del 148,4%.
En el comunicado oficial emitido anoche, la Oficina del Presidente argumentó que la medida aprobada por el Congreso implicaría un aumento del gasto del 1,2% del PBI, lo que pondría en riesgo el equilibrio fiscal y obligaría al Gobierno a rechazar la reforma. En contraste, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estima que el costo fiscal real de la reforma sería menor. Según la OPC, el impacto fiscal de la nueva ley podría equivaler al 0,74% del PBI si se mantienen los bonos de $70.000 hasta fin de año, y al 0,44% si se eliminan estos bonos con la aplicación de la nueva fórmula.
Este aumento en el gasto público es comparable a la disminución en la recaudación que el Estado sufrirá este año debido a la reforma del Impuesto sobre los Bienes Personales, que beneficia a los contribuyentes más ricos y conlleva una caída en la recaudación de entre el 0,29% y el 0,61% del PBI.
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